Carlos Machado Allison
Panorama agroalimentario
Existen grandes diferencias entre las cifras que ocasionalmente entrega el gobierno y aquellas de las asociaciones de productores y otras fuentes calificadas. El Ministerio de Agricultura y Tierras ha dejado de publicar los anales que por décadas generaron las oficinas de estadística del mismo. Así mismo
Sin embargo es posible un diagnóstico general: (1) El valor de las importaciones ha aumentado de un promedio de US$ 75 por habitante y año, a cifras que superan los US$ 200 en los últimos tres años, alcanzando su máximo histórico en el año 2008 cuando se gastaron 7.400 millones de dólares. Dos razones motivan al gobierno para aumentar las importaciones: (a) la baja producción nacional y (b) la búsqueda de precios más bajos en el mercado internacional; (2) La inflación en los alimentos se ha mantenido, por encima del IPC promedio, por casi cinco años consecutivos lo que permite deducir que la demanda se encuentra por encima de la oferta; (3) Desde hace seis años se registran lapsos de desabastecimiento destacando aquellos en productos como leche en polvo y aceite; (4) El gobierno mantiene una política de regulación de precios que cubre a más de un centenar de productos o presentaciones y simultáneamente ha regulado el precio de muchos insumos agrícolas y precios a los productores. Estas acciones no han podido detener el proceso inflacionario y tan sólo transforman tendencias graduales en “saltos” periódicos cuando al final deben ajustar los precios; (5) El gobierno ha fortalecido y le ha dado gran importancia a INDEPABIS tratando de convencer a la población que la escasez de alimentos y la inflación son el resultado de la acción de los “especuladores”, sin embargo la estricta fiscalización, como era de esperar, no ha detenido el incremento de los precios o los episodios de escasez; (6) La política de “rescate de tierras” y creación de unidades socialistas de producción no ha tenido éxito, todo lo contrario, ha disminuido la producción de carne bovina, caña de azúcar, café, frutas arbóreas y otros cultivos que demandan inversiones a largo plazo; (7) La política de adquisición o expropiación de agroindustrias, centrales azucareros, empresas agropecuarias proveedoras de insumos y otras, no ha tenido éxito; (8) Incremento de los precios internacionales que suelen acompañar al aumento del precio del petróleo, tampoco han ayudado mucho a las políticas actuales. Recientemente el gobierno se ha visto obligado a “ajustar” el precio de los derivados del trigo (pan, pastas), la leche en polvo y el aceite vegetal; (9) El gobierno gasta grandes cifras en subsidiar los alimentos en sus redes de distribución como MERCAL y existe oscuridad total sobre los estados financieros de las empresas públicas del sector. Es bien probable que muchas de ellas estén, como otras empresas públicas, en una situación deficitaria; (10) Persisten problemas de infraestructura y servicios (vialidad, sistemas de riego, fallas eléctricas, etc.) que encarecen los costos de los productores; (11) La inseguridad jurídica, las carencias en infraestructura, servicios y la situación precaria de las universidades se combinan para abatir la inserción tecnológica y la investigación. La productividad no ha aumentado en los últimos años, ni tampoco la calidad de los productos agrícolas.
El índice de producción de alimentos de la FAO muestra un rezago importante para Venezuela a lo largo de la primera década del siglo. Durante ese decenio Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú y otros países del continente han tenido un buen desempeño. Resulta paradójico que un gobierno que ha basado su política agrícola en lemas como “autoabastecimiento”, “desarrollo endógeno”, “seguridad y soberanía alimentaria”, muestre al final resultados tan negativos.
