Carlos Machado Allison
EL UNIVERSAL
martes 31 de agosto de 2010
Los contenedores con alimentos descompuestos son una expresión dramática de una cadena de errores en las leyes y las políticas públicas, así como desmantelamiento institucional y conductas ilegales, irresponsables y arbitrarias. El desastre se inicia con la Ley de Tierras del año 2001 y concluye con la correspondiente a seguridad y soberanía alimentaria del 2008, aprobadas mediante leyes habilitantes. Quizás por eso la Asamblea Nacional se ha negado, doce veces, a debatir el tema.
Además se aprueban leyes, decretos y resoluciones que colocan en manos del Gobierno todo el poder sobre producción, transporte, procesamiento, distribución y precio de los alimentos. Regula también permisos de importación, control de cambio y asignación de divisas. Este absurdo poder y los abusos contra la propiedad privada, causan una reducción en la producción nacional. Mientras tanto el petróleo alcanzaba su valor máximo y con él, incremento en el consumo de alimentos. Cuando se produce menos y se consume más, inflación y desabastecimiento son inevitables.
A partir del 2006, con el despojo de las tierras, cae la producción de ganado, caña de azúcar y frutales. Luego desciende la de raíces, tubérculos, café y cacao. Acude el Gobierno a importaciones masivas que crecen de 1,8 mil millones de dólares a más de 7.000 en el 2008. Entre el 2008 y 2009 el Ejecutivo coloca sobre Pdvsa la responsabilidad del suministro a Pdval. Lo hace con grandes importaciones a través de Bariven y Pdvsa Services. Empresas con experiencia en materiales para la industria petrolera, pero que jamás habían importado alimentos. Pdvsa, ignorante en el manejo de alimentos, ejecuta órdenes y abarrota los puertos con comida. El Gobierno no sabe de enfriamiento, ensilaje, procesamiento y distribución. El Gabinete no le pidió colaboración a la agroindustria privada, por el contrario, mientras Indepabis los acosaba, se perdían cientos de miles de dólares.
Amenazando la salud
Violaron cuanta ley y norma existe, hasta las aprobadas por ellos mismos, generando pérdidas al patrimonio público y amenazando la salud de la población. Más de 100 mil toneladas, adquiridas cuando los precios internacionales llegaron al máximo, terminaron en basureros, incinerados o enterrados. El Ejecutivo, la Fiscalía y la Contraloría, admitieron estos bochornosos hechos, a regañadientes, tratando de minimizarlos. Tres detenidos y silencio de las autoridades sanitarias, portuarias, Seniat, Guardia Nacional y Asamblea. Silencio mientras que miles de niños dejan de recibir el vaso de leche o las comidas ofrecidas en las escuelas ¿Se pagaron a los precios del mercado? ¿Llegó todo lo que se pagó? ¿De quién fue la responsabilidad política y administrativa de estas decisiones? ¿Por qué el Contralor dijo que este asunto no le preocupaba? ¿Hubo comisiones y corrupción? Quienes analizamos estos hechos confiamos que la próxima Asamblea Nacional controle y legisle para garantizar la salud y el dinero de los venezolanos
