Crisis de los alimentos

Carlos Machado Allison

EL UNIVERSAL
martes 31 de agosto de 2010



Los contenedores con alimentos descompuestos son una expresión dramática de una cadena de errores en las leyes y las políticas públicas, así como desmantelamiento institucional y conductas ilegales, irresponsables y arbitrarias. El desastre se inicia con la Ley de Tierras del año 2001 y concluye con la correspondiente a seguridad y soberanía alimentaria del 2008, aprobadas mediante leyes habilitantes. Quizás por eso la Asamblea Nacional se ha negado, doce veces, a debatir el tema.

Además se aprueban leyes, decretos y resoluciones que colocan en manos del Gobierno todo el poder sobre producción, transporte, procesamiento, distribución y precio de los alimentos. Regula también permisos de importación, control de cambio y asignación de divisas. Este absurdo poder y los abusos contra la propiedad privada, causan una reducción en la producción nacional. Mientras tanto el petróleo alcanzaba su valor máximo y con él, incremento en el consumo de alimentos. Cuando se produce menos y se consume más, inflación y desabastecimiento son inevitables.

A partir del 2006, con el despojo de las tierras, cae la producción de ganado, caña de azúcar y frutales. Luego desciende la de raíces, tubérculos, café y cacao. Acude el Gobierno a importaciones masivas que crecen de 1,8 mil millones de dólares a más de 7.000 en el 2008. Entre el 2008 y 2009 el Ejecutivo coloca sobre Pdvsa la responsabilidad del suministro a Pdval. Lo hace con grandes importaciones a través de Bariven y Pdvsa Services. Empresas con experiencia en materiales para la industria petrolera, pero que jamás habían importado alimentos. Pdvsa, ignorante en el manejo de alimentos, ejecuta órdenes y abarrota los puertos con comida. El Gobierno no sabe de enfriamiento, ensilaje, procesamiento y distribución. El Gabinete no le pidió colaboración a la agroindustria privada, por el contrario, mientras Indepabis los acosaba, se perdían cientos de miles de dólares.

Amenazando la salud

Violaron cuanta ley y norma existe, hasta las aprobadas por ellos mismos, generando pérdidas al patrimonio público y amenazando la salud de la población. Más de 100 mil toneladas, adquiridas cuando los precios internacionales llegaron al máximo, terminaron en basureros, incinerados o enterrados. El Ejecutivo, la Fiscalía y la Contraloría, admitieron estos bochornosos hechos, a regañadientes, tratando de minimizarlos. Tres detenidos y silencio de las autoridades sanitarias, portuarias, Seniat, Guardia Nacional y Asamblea. Silencio mientras que miles de niños dejan de recibir el vaso de leche o las comidas ofrecidas en las escuelas ¿Se pagaron a los precios del mercado? ¿Llegó todo lo que se pagó? ¿De quién fue la responsabilidad política y administrativa de estas decisiones? ¿Por qué el Contralor dijo que este asunto no le preocupaba? ¿Hubo comisiones y corrupción? Quienes analizamos estos hechos confiamos que la próxima Asamblea Nacional controle y legisle para garantizar la salud y el dinero de los venezolanos