viernes, 3 de septiembre de 2010

Informe de la Comisión sobre la crisis de los alimentos










RESUMEN


El presente informe recoge los resultados del trabajo de la Comisión designada por
la Mesa de la Unidad Democrática para analizar la crisis de alimentos en el país. La
Comisión afirma que los venezolanos están siendo afectados por una grave crisis en
la alimentación, debido a la existencia de un proceso inflacionario incontrolado,
especialmente en el sector de alimentos. Así como las situaciones recurrentes de
escasez y la injerencia deliberada del gobierno en la producción, importación,
distribución y comercialización de alimentos, sin tener la organización, capacidad,
experiencia, recursos y controles necesarios para ello. El síntoma más notorio de la
ineficiencia del gobierno en la gestión directa de alimentos es el hallazgo de
grandes cantidades de alimentos descompuestos o vencidos pertenecientes a la red
PDVAL

Las causas de la crisis pueden encontrarse principalmente en las graves fallas
gubernamentales en materia de diseño y ejecución de la política económica, la
política agrícola, la protección de la seguridad personal, la seguridad jurídica y el
control del suministro y calidad de los alimentos. El deterioro general de la
economía, las continuas y arbitrarias intervenciones de tierras, los secuestros casi
diarios, el robo de equipo y animales, las frecuentes fallas del servicio de
electricidad, el mal estado de la vialidad agrícola, los excesivos controles sobre el
transporte y comercialización de los productos agrícolas y el congelamiento de
precios en los últimos seis años, han ocasionado un gran deterioro de la producción
de alimentos en el país, relegándonos, según los índices de la FAO, a los niveles de
desempeño de países como Cuba, Guyana y Haití.

A los factores mencionados previamente como causas de la crisis de alimentos en el
país, es necesario agregar otros, como: el desmantelamiento de las instituciones
que debían velar por una correcta y sana distribución de alimentos, como el
Consejo Nacional de Alimentación. De igual modo, el incumplimiento por parte de
los organismos competentes de las normas relativas a la seguridad agroalimentaria
y en particular de la inspección y control de la inocuidad y calidad en los alimentos
importados; el cese de funciones de la Comisión del Codex Alimentarium y el
incumplimiento por parte de los responsables de la red de distribución de los
alimentos de los trámites contemplados en el Reglamento General de Alimentos.
En consecuencia, se ha perdido la confianza de los consumidores en la calidad e
inocuidad de los alimentos y en la capacidad del Estado y su legislación.

Las consecuencias de esta crisis son muy graves e incluyen: amenazas a la salud;
daños al patrimonio público y su impunidad por la falta de aplicación de las
sanciones pertinentes; desatención de funciones esenciales del Estado y violaciones
a los derechos de las personas de disponer oportunamente de bienes y servicios de
calidad y de elegirlos, conforme sus preferencias o a sus necesidades particulares
de dieta.

La crisis de los alimentos sorprende al país en un momento en el cual muchos de
sus grupos o poblaciones vulnerables se encuentran en riesgo: embarazadas,
infantes, preescolares, escolares y adolescentes. Por otra parte, esta crisis plantea
otras amenazas a la salud de los venezolanos debidas a la falta de aplicación de los
controles sanitarios necesarios, el consumo de alimentos vencidos y descompuestos
o de dudoso origen, los cuales pueden generar contaminación colectiva. Además, el
consumo mayoritario de alimentos que no poseen todos los nutrientes, vitaminas y
fibras deseables, la deficiencia de hierro y las fallas en los programas dirigidos a
satisfacer las necesidades nutricionales de los alumnos de las escuelas públicas de
educación básica y media, hacen que en la actualidad coexistan problemas de
sobrepeso y déficit nutricional, en especial en los estratos de menores recursos. Por
otra parte, la falta de transparencia en la gestión pública hace imposible conocer
con precisión la magnitud de los daños al patrimonio público por la ineficiencia del
gobierno y la presunta corrupción en las operaciones de importación,
comercialización y distribución de alimentos.

Sólo en las operaciones de Pdval y Bariven se han mencionando cifras que podrían
alcanzar miles de millones de dólares. En todo caso, es evidente que la
improvisación y la falta de vigilancia y de control por los organismos competentes
ocasionaron daños irreparables al patrimonio público que determinan
responsabilidades administrativas, civiles y penales. Adicionalmente, se ha
violentado la organización del Estado, afectando seriamente el funcionamiento de la
Fuerza Armada y PDVSA al asignarles tareas no previstas en la Constitución y leyes
orgánicas, y en sus estatutos, respectivamente, e inducirlas al incumplimiento de
sus funciones esenciales.

Las recomendaciones de la Comisión se encuentran orientadas a solicitar de los
diputados de la Asamblea Nacional actual y aquella que resulte electa el próximo 26
de septiembre, el tomar medidas legislativas, de contraloría y presupuestarias,
indispensables para incrementar la producción nacional de alimentos y garantizar la
calidad e inocuidad de aquellos procedentes del exterior. Se recomienda, en primer
lugar, modificar las leyes vigentes para garantizar que los productores agrícolas y
ganaderos, agroindustrias y otros agentes económicos de las cadenas
agroalimentarias puedan realizar sus labores con las libertades económicas
garantizadas por la Constitución y, entre ellas, la libre disposición de sus bienes a
través del fortalecimiento de los derechos de propiedad. Asimismo, se recomienda:
promulgar un Código Alimentario que compile la normativa relacionada con la
producción de alimentos, higiene, las normas internacionales y que haga
obligatorias las buenas prácticas destinadas a lograr los más elevados niveles de
inocuidad y calidad de los alimentos y un eficiente sistema de gestión pública. Del
mismo modo es urgente revisar, modificar, derogar y simplificar los procedimientos
para la producción, transporte, almacenamiento, importación, procesamiento y
distribución de alimentos; revisar las bases legales vigentes relacionadas al control
de cambio y la fijación de precios al productor y al consumidor; exigir la aplicación
de los procedimientos de inspección y control de la inocuidad y calidad de los
alimentos importados por parte de los organismos competentes. De modo
simultáneo también es importante corregir las irregularidades, mejorar la cobertura
y la efectividad del Programa Alimentario Escolar (PAE).

También recomienda la Comisión desplazar gradualmente las responsabilidades
asumidas por el gobierno en materia de importación directa de alimentos hacia las
empresas privadas especializadas que tengan experiencia y conocimiento de los
mercados internacionales, sus precios y calidad de los productos. Exigir tanto a
PDVSA como a la Fuerza Armada, el INTI y cualquier otra institución el dedicarse al
cumplimiento de su misión, acatamiento de la ley y cabal cumplimiento de sus
obligaciones y responsabilidades y reclamar de la Contraloría y del Ministerio
Público, la mayor diligencia en el proceso dirigido a establecer las
responsabilidades, así como elaborar los expedientes y acusaciones
correspondientes a los supuestos responsables que, por acción, omisión, delegación
o imposición a través de órdenes, permitieron la pérdida de alimentos, causaron
daños al patrimonio público y/o pusieron en riesgo la salud de la población.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El presente informe recoge los resultados del trabajo de la Comisión designada
por la Mesa de la Unidad Democrática para analizar la crisis de alimentos en el país.
El objetivo de la Comisión ha sido evaluar las causas y consecuencias de la misma,
evidente, entre otros hechos, a través del hallazgo de contenedores con miles de
toneladas de alimentos descompuestos o vencidos. Estos alimentos fueron
importados con el propósito de ser distribuidos a través de organizaciones públicas.
Finalmente la Comisión ofrecerá recomendaciones a los integrantes de la Asamblea
Nacional sobre las acciones que deben tomarse para evitar que se repitan crisis de
este tipo. La Comisión ha consultado documentos técnicos, artículos de prensa,
notas en Internet y compilaciones detalladas sobre las denuncias efectuadas, entre
ellas un amplio documento elaborado por integrantes de la Asamblea Nacional. Así
mismo ha consultado a personas con conocimiento y experiencia en las distintas
fases y etapas de las distintas cadenas agroalimentarias.

1.2. La Comisión tuvo total libertad e independencia para realizar su trabajo y
efectuar consultas a otros expertos. Su trabajo estuvo limitado por la escasez o
atraso en la publicación de estadísticas oficiales y confiables sobre los distintos
aspectos relacionados con la producción, importación, comercialización y
distribución de alimentos en el país, así como sobre el volumen y valor exacto de
los alimentos perdidos por descomposición, vencimiento y otras violaciones del
Codex Alimentarium y demás normas relacionadas a la inocuidad y calidad de los
alimentos. El Codex Alimentarium es un programa conjunto de la FAO y la OMS que
ha sido aprobado por todos los países integrantes de las Naciones Unidas con el
objetivo de proteger a los consumidores a través de un conjunto de normas y
estándares internacionales sobre los alimentos. La Comisión tuvo acceso a un
informe del Bloque Parlamentario Humanista Ecológico y del partido Podemos que
elaboró un expediente exhaustivo de las gravísimas irregularidades cometidas en la
importación, almacenamiento y distribución de alimentos por parte de PDVAL,
algunas de las cuales ya han sido dadas a la luz pública por distintos medios de
comunicación. La Comisión tomó debida nota de esas irregularidades y las ha
incluido en su análisis sobre las fallas del gobierno nacional en la gestión de la
alimentación en el país.

1.3. El trabajo de la Comisión estuvo orientado por la existencia de principios
universales en materia de derechos humanos, consagrados en declaraciones,
pactos y acuerdos suscritos por Venezuela como los siguientes: (a) Artículo 25 de
la Declaración de Derechos Humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud, el bienestar
y en especial la alimentación…” (b) Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos y Sociales de 1966: “Los Estados partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia..”…”reconocen el derecho de toda persona de estar
protegida contra el hambre…” “..y adoptaran medidas para mejorar los métodos de
producción, conservación y distribución de alimentos…”; (c) Otros acuerdos y
declaraciones emanados de Conferencias y Cumbres Internacionales que han
recibido el respaldo y compromiso de Venezuela. Entre ellas la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación (Roma, 1996) cuyo plan de acción estableció en su párrafo 1:
“…las bases hacia el logro de un objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel
individual, familiar, nacional, regional y mundial. Existe seguridad alimentaria
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos a fin de llevar una vida sana y activa; (d)La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha reconocido plenamente
estos principios y declaraciones universales y los ha consagrado en su artículo 305:
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del
desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población,entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente de éstos por parte del público
consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la
producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de
actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de
interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A
tales fines, el Estado dictar las medidas de orden financiero, comercial,
transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de
mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento. Además promoverá las acciones en el marco de la economía
nacional e internacional para corregir las desventajas propias de la actividad
agrícola”.

También la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su
artículo 117 “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios
de calidad así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido
y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de
elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos
necesarios para garantizar esos derechos, las normas de calidad y cantidad de
bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el
resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la
violación de esos derechos”.

1.4. La seguridad alimentaria, como cometido del Estado, obliga al gobierno a
promover y estimular la expansión de la producción agrícola y a garantizar la
inocuidad de los alimentos desde la producción hasta su consumo, así como
castigar a quienes pongan en riesgo o en peligro la salud de la población por la
violación de las normas que amparan la inocuidad y calidad de los alimentos.

1.5. Asimismo, la Comisión considera que este derecho a la alimentación implica la
obligación de diseñar y ejecutar políticas publicas destinadas a facilitar el acceso a este derecho, a garantizar la provisión de alimentos, a controlar su inocuidad, a
proteger las propiedades productivas que contribuyan con la oferta nacional y a
promover la participación amplia y no excluyente de los diversos sectores en el
diseño y planificación de las políticas alimentarias de producción, distribución y
consumo de los alimentos. Así mismo, la regularidad en el suministro de alimentos
es un factor de enorme importancia y la misma depende de la existencia de (a)
Una adecuada infraestructura (vialidad, silos, puertos y aeropuertos, cadenas de
frío, capacidad de procesamiento, transporte y distribución); (b) Conocimientos y
experiencia para emplearla en sincronía con la demanda final por parte de los
distintos actores de las cadenas o circuitos agroalimentarios; (c) Una adecuada
formulación y ejecución de políticas públicas y acuerdos entre el gobierno y el
sector privado; (d) Una adecuada y permanente supervisión y control de la red
pública y privada de suministro de alimentos y del cumplimiento de la normativa
pertinente.

Así mismo la Comisión ha considerado que en los últimos años el gobierno nacional
ha contado con suficientes recursos financieros para ejecutar políticas públicas
destinadas a incrementar la producción, generar empleo y otras acciones
destinadas a elevar la seguridad alimentaria de la población.

2. LA CRISIS

2.1. La Comisión afirma que los venezolanos están siendo afectados por una grave
crisis en la alimentación con base en los siguientes hechos: (a) Los habitantes de
Venezuela han sido sometidos a un proceso inflacionario incontrolado,
especialmente en el sector de alimentos, lo que ocasiona que para poder
alimentarse adecuadamente, los venezolanos deben emplear un porcentaje cada
vez mayor de sus ingresos en comida. En los últimos dos años la cesta de bienes y
servicios básicos se ha incrementado en 61% (INE, 2010) y el salario mínimo en
sólo 53,1%; (b) De manera recurrente se han presentado situaciones de escasez
de diversos alimentos y las opciones de marcas y presentaciones especiales de los
productos también se han restringido; (c) La injerencia del gobierno en la
producción, importación, distribución y comercialización de alimentos es cada día
mayor, sin tener la organización, capacidad, experiencia, recursos y controles
necesarios para ello, derivando en situaciones tan irregulares como la de los
alimentos descompuestos en la red Pdval; (d) Esta creciente participación del
gobierno en la producción, procesamiento y distribución lejos de ser accidental,
corresponde a una política explícita tal como lo señaló el Presidente en su programa
“Aló Presidente” del 8 de agosto de 2010 cuando le ordenó a los ministros de
alimentación y planificación tomar las medidas necesarias para que el 50% de los
alimentos sean distribuidos por el gobierno y para ello deberán aumentar la
capacidad de CASA, MERCAL, PDVAL, CVAL y Abastos Bicentenario.

2.2. En la primera década del siglo XXI la inflación anual ha oscilado entre 20 y 30
%. Para 2010 se espera una inflación superior, en el orden del 35 %. La inflación
en alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido todavía mayor que la inflación
general. Por ejemplo el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas en el Área
Metropolitana de Caracas ha crecido 77 % más que el IPC general en el período
2001-20091. En consecuencia, el venezolano debe dedicar a los alimentos, en
promedio, 32 % de su gasto, reduciendo sus posibilidades de tener una mejor
calidad de vida y limitando su gasto en transporte, vestido y, sobre todo, salud,
educación y vivienda2. Para los venezolanos de menores ingresos la situación es
aún más grave, ya que el precio actual de la canasta alimentaria equivale a 2
salarios mínimos y la canasta básica a 4,4 salarios mínimos, de manera que el
ciudadano que tenga un ingreso inferior a 4,4 salarios mínimos, como es la gran
mayoría, no tiene suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas del grupo
familiar.

2.3. Venezuela vive desde hace varios años una crisis de desabastecimiento de
alimentos básicos que ha incluido leche, azúcar, huevos y carne bovina y de pollo,
entre otros. Según cifras del BCV y del INE, el año 2008 en Caracas se inició con un
índice de escasez de 25 % y, aunque ha disminuido, todavía se ubica entre 13 y 14
%, cifra inaceptable en un país cuyos ingresos están muy por encima de las
naciones clasificadas como PIBDA (países de bajo ingreso y déficit alimentario).

El problema se agrava mucho más si el consumidor busca una determinada marca de
un producto o una presentación con características especiales, adaptada a sus
preferencias o a sus necesidades particulares de dieta y no le es posible acceder a
ellos, lo que significa la violación del derecho constitucional de toda persona a
disponer de bienes y servicios de calidad y a la libertad de su elección.

2.4. El gobierno venezolano ha venido expropiando empresas productoras de
alimentos e interviniendo cada vez con mayor intensidad e ineficiencia en la
producción, distribución y comercialización de alimentos. Entre los antecedentes
sobre la ineficiencia de la intervención del Estado en la gestión de la alimentación
destacan: las denuncias efectuadas por la gerencia de MERCAL sobre pérdidas en
varios de sus puntos de venta y las correspondientes denuncias de corrupción. Así,
el presidente de Mercal, Mayor Félix Osorio, en el año 2006 señalaba (Agencia
Bolivariana de Noticias) que se habían presentado 171 denuncias a la Fiscalía y se
habían condenado a 17 personas. Un año después (Página WEB de Aló Presidente)
el mismo funcionario, al referirse a la corrupción señalaba: "Por supuesto, hemos
logrado decomisar 36 toneladas de alimentos y detener 566 personas involucradas en estos hechos. Allí consigues de todo, personas que lamentablemente trabajaban para nosotros,cooperativas y personas ajenas a todo el sistema, pero en busca de lucro malsano.”

En noviembre de 2007 murieron 1750 vacunos procedentes de Brasil a bordo del
buque DM Spiridon, ahogados en la rada de Puerto Cabello. Así mismo existen
denuncias sobre las demoras en la descarga de navíos con alimentos por la
capacidad insuficiente de los puertos y el mal estado de los equipos de descarga
desde la creación de la empresa venezolana-cubana, conocida como Bolipuertos y
atrasos en la importación de alimentos e insumos por parte de las empresas
privadas como consecuencia de una pesada permisología y atrasos en la entrega de
divisas.

2.5. El síntoma más notorio de la ineficiencia del gobierno en la gestión directa de
alimentos es el hallazgo de grandes cantidades de alimentos descompuestos o
vencidos pertenecientes a la red PDVAL. En distintos medios de comunicación se ha
informado que se trata de más de 130.000 toneladas de aceite, arroz, azúcar,
avena, caraotas, frijoles, jugos, leche, margarina, pollos, sardinas, y otros
alimentos, descompuestos o con fecha vencida, ubicados en contenedores e
instalaciones de PDVAL en muchas localidades. Al margen de las dificultades para
establecer con precisión la cantidad de alimentos dañados, situación que debe ser
investigada minuciosamente por las autoridades competentes, se trata de un hecho
notorio y documentado por varios periodistas. Esta situación fue reconocida por el
gobierno nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo
a tres ex funcionarios de PDVAL, acusados posteriormente por la Fiscalía General
por boicot y peculado culposo. El ministro de Energía y Petróleo y presidente de
PDVSA, el viceministro de Políticas Alimentarias, una ex presidente de PDVAL, el
gobernador del estado Anzoátegui, el contralor general, el vicepresidente de la
República y el mismo presidente de la República, han reconocido también la
existencia de alimentos en descomposición pertenecientes a la red PDVAL. El
Contralor General de la República ha informado que la investigación sobre
alimentos descompuestos de la línea de comercialización PDVAL lleva más de 2
años. Han surgido a la luz pública documentos de PDVSA que hacen referencia a la
existencia de sobreprecio en algunas adquisiciones e incluso el pago de alimentos
que no llegaron al país y cuya cantidad podría superar a la de los alimentos
descompuestos6. Además, ante una corte norteamericana (Florida Southern District
Court, Miami, Dade) y bajo el número 1:2009cv20915 existe una demanda por 70
millones de dólares incoada por la empresa Exim Brickel contra PDVSA Services,
Inc. por incumplimiento de contrato
(dockets.justia.com/docket/florida/flsdce/1:2009cv20915/333916).

Sin embargo, transcurridos varios meses desde el primer hallazgo, la Asamblea
Nacional se ha negado, en doce oportunidades, a debatir el tema en la plenaria.
Tampoco es conocido el resultado de la investigación de la subcomisión designada.
Por otra parte la Contraloría General de la República sigue sin presentar informes
conclusivos sobre estos casos e incluso el Contralor declaró que para ellos esto no
era importante y la Fiscalía General de la República se limitó a presentar cargos
contra tres ex –funcionarios de PDVAL, ignorando a todos los demás implicados en
éste gran fraude al patrimonio público y a la salud de los venezolanos.
Dimanan preguntas obvias como ¿Quién tomó la decisión de asignarle a PDVSA la
responsabilidad de desarrollar una red de distribución de alimentos? ¿Quién tomó la
decisión de asignar a PDVSA Services Inc. y BARIVEN la responsabilidad de
comprar alimentos cuando sus competencias y misión son de otra naturaleza?

3. LAS CAUSAS DE LA CRISIS

3.1. Las causas de la crisis pueden encontrarse principalmente en las graves fallas
gubernamentales en materia de diseño y ejecución de:
• Política económica
• Política agrícola
• Protección de la seguridad personal
• Seguridad jurídica
• Control del suministro y calidad de los alimentos

3.2. Una demostración clara de lo errada que ha sido la política económica del
gobierno, trasciende la elevada inflación y muestra un deterioro general de la
economía. En 2010, Venezuela y Haití serán los únicos países del continente
americano que sufrirán contracción económica y, en Venezuela, es probable que la
misma alcance el 4 %7. La inflación y la caída de la actividad económica perjudica a
todos los venezolanos disminuyendo su ingreso y haciéndoseles cada vez más difícil
adquirir los productos básicos que necesitan, en especial los alimentos. Por otra
parte, el régimen de control de cambio que se aplica desde 2003, junto con otros
factores vinculados (incertidumbre, inflación, control de precios y
desabastecimiento), ha limitado la voluntad de los empresarios agroalimentarios a
realizar inversiones, restringiendo el crecimiento operativo y el máximo
aprovechamiento de su capacidad e incrementando los costos de producción y
gastos de operación, con el resultado del traslado de los efectos del régimen
económico al consumidor final a través de precios más altos8 . Además, el control
de cambio y el mantenimiento de una paridad cambiaria artificial ha beneficiado a
los exportadores de otros países y reducido la competitividad de los productores
venezolanos.

3.3. No sólo la política económica en general ha afectado a la actividad agrícola del
país, sino que se ha aplicado una política agrícola cuya consecuencia ha sido el
abatimiento de la inversión y la reducción de la producción nacional como lo han
manifestado, en reiteradas oportunidades, los principales gremios de productores
como FEDEAGRO, FEDENAGA, CONVECAR y otros. En efecto las continuas
intervenciones de tierras, que han desvirtuado y desnaturalizado la figura jurídica
de la expropiación, se han caracterizado por la arbitraria ocupación de las mismas
por la fuerza pública, como medio de estatización de medios productivos. Acciones
efectuadas bajo el criterio de rescatar tierras privadas como si fueran públicas,
utilizando el argumento de que los títulos no son suficientes, no obstante que éstos
están amparados por el carácter presuntivo de legitimidad y de veracidad que le
atribuye la legislación registral y notarial dictada por el mismo Estado. Asimismo,
sin que se hubieren cumplido los requisitos legales que obligan a determinar
previamente los criterios de productividad y de rendimiento económico, según las
clases de tierras, para calificar a unas tierras de incultas, y sin la definición de los patrones de ocupación zonales, se intervienen fincas en producción o se les califica de latifundios.

La propia Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario según su Exposición de
Motivos, por el contrario, persigue el propósito de que sean los mismos propietarios
quienes conviertan sus tierras en unidades económicas productivas, en lugar de
castigar a los productores. Se desestima como factor de legitimación de la
propiedad, independientemente de los títulos, el trabajo o la posesión productiva de
las tierras que se ha venido ejerciendo de manera continua, ininterrumpida y
pacifica por largo tiempo. Se estima que la cifra de las propiedades afectadas es de
aproximadamente 750, sin incluir aquellas donde han ocurrido invasiones parciales
con daño a los cultivos o muerte de animales. En otras palabras, se han extremado
las intervenciones de fincas, hasta de extensiones medianas.

El INTI informa que más de 2.400.000 hectáreas han sido “rescatadas” (Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación y la Información,
www.venezueladeverdad.gov.ve/). Así mismo, siendo Juan Carlos Loyo Presidente
del INTI señaló: “la Revolución Bolivariana ha impactado dos millones de hectáreas
que han sido rescatadas de manos de latifundistas y en la que se continúa
trabajando sobre la base de más de 4 millones de hectáreas que todavía se
encuentran en investigación”. (31.3.2010 www.inti.gov.ve). Tal cantidad, si pudiera
agruparse, equivaldría a la superficie que ocupa un Estado como Falcón (más de
24.000 kilómetros cuadrados).

El presidente de la Alianza Agroalimentaria precisa que desde que se puso en
práctica la Ley de Tierras en 2001, el Estado ha intervenido más de 780 unidades
de producción, entre pequeños y grandes lotes de tierra9 Con el agravante que
esas intervenciones no ha supuesto ni aumento de la producción ni incremento de
la productividad que se mantiene estancada en los últimos años (cifras del MPC y
del MPPAT hasta 2007). Añade que del total de tierras afectadas, apenas el 0,7%
son utilizadas en actividades agrícolas y 2,3% al uso agropecuario.
En todo caso ni en las estadísticas oficiales hasta 2007, ni en las proyecciones o
cifras aportadas por las distintas asociaciones de productores, se observa un
impacto positivo en la producción nacional. Las intervenciones de tierras privadas,
no obstante estar las mismas amparadas por una documentación válida y
legitimadas por una posesión ininterrumpida, parten del criterio de un supuesto
dominio originario del Estado, que considera que nadie es dueño de sus tierras
salvo que demuestre lo contrario, situación que carece de todo sustento
constitucional. Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
ha afirmado que “quien presenta un título registrado, se presume que es
propietario” (Sentencia Nº 332 del 14.03.2001, Caso “Isaca Compañía Anónima”).
El gobierno ha ocupado bienes productivos y de empresas procesadoras o de
almacenaje, bajo supuestas expropiaciones o adquisiciones forzosas no pagadas,
para reservar exclusivamente al Estado distintas unidades de producción activas,
como instrumento de estatización de la actividad económica. Se trata de una
política explícita reforzada permanentemente por la Presidencia de la República en
muchas intervenciones públicas, leyes emanadas desde el Ejecutivo, resoluciones y
acciones del INTI con el apoyo de la Fuerza Armada.

La Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria concentra sobre distintos órganos del
Ejecutivo nacional un enorme poder sobre el sistema nacional agroalimentario,
desde la producción primaria hasta la distribución final de alimentos. Como
derivación de esa enorme concentración de poder emanan igualmente grandes
responsabilidades sobre el gobierno central.

3.4. Además de las fallas en la política económica y en la política agrícola, la
ineficiencia del gobierno en su obligación de garantizar la seguridad de las personas
en todo el territorio nacional ha incidido de manera especial sobre la actividad
agrícola. Según la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, “hay grupos de
disidentes de guerrilla y paramilitarismo, guerrilla y paramilitares y hampa común,
dedicándose al secuestro y al cobro de peajes en Venezuela”. Entre 1999 y lo que
va de 2010, según FEDENAGA, han ocurrido 2.676 secuestros, es decir, durante el
período de actuación de este gobierno han secuestrado a una persona cada dos
días10. Así mismo la producción agropecuaria ha sido afectada por el robo de equipo
y animales, las frecuentes fallas del servicio de electricidad, el mal estado de la
vialidad agrícola y los excesivos controles sobre el transporte y comercialización de
los productos agrícolas.

3.5. Como resultado de las políticas económica, agrícola y de seguridad personal,
unida a la inseguridad jurídica y al congelamiento de precios en los últimos seis
años, ha ocurrido un gran deterioro de la producción de alimentos en el país. La
producción nacional de alimentos por persona y año muestra un desempeño muy
pobre en la última década. La FAO (Índices de producción de alimentos) ubica a
Venezuela entre los países de peor desempeño (junto con Cuba, Guyana y Haití) en
este particular.

Al mismo tiempo, durante la última década, muchos países latinoamericanos han
tenido grandes éxitos tanto en el crecimiento de la producción, como en sus
exportaciones El Índice de Producción de Alimentos de la FAO, con base 100 para
1999-2000, registra 96 para Venezuela (disminución de 4% per capita) y cifras de
127 (Paraguay), 120 (Brasil), 117 (Argentina), 124 (Perú), 112 (México). Existen
cifras oficiales de producción hasta el año 2007, ya que también la falta de
transparencia del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras ha sido una
norma en los últimos años. Sin embargo a través de declaraciones, informes de los
principales gremios de productores y otras fuentes calificadas, sabemos que ocurrió
abatimiento en la producción de varios grupos de rubros en 2008 y una severa
caída en 2009 como efecto combinado de las malas políticas y un año con
precipitaciones por debajo del promedio.

No todos los rubros han sido afectados en la misma medida por las políticas del
gobierno actual: más sensibles han sido aquellos que requieren inversiones de largo
plazo y firmes garantías sobre la propiedad (ganadería vacuna, caña de azúcar,
frutales arbóreos, cacao, café y otros). Así, entre los años 2005 y 2009, cuando se
intensifican las agresiones contra el sector privado y se mantiene una paridad
cambiaria que beneficia a los productores de otros países, la producción total per
capita desciende 20,9% y el mayor peso sobre este descenso se encuentra en
pesca y acuicultura (47%), carne bovina (39,1%), caña de azúcar (30,7%), café,
cacao y tabaco (22,7%) y frutas (19,1%). La producción de cereales que aumentó
hasta el año 2007, disminuye ligeramente en 2008 y se abate en 2009 de modo
importante. La producción de raíces y tubérculos también ha disminuido a partir del
2005 (cifras oficiales). Pero además ha sido denunciado, en varias oportunidades,
desde agosto de 2009 y ante la Fiscalía 57, por productores de Mérida y Carabobo,
el estado de descomposición de un importante lote de semilla de papa importada
por la Corporación Venezolana Agraria (www.vtv.gov.ve y varios medios de
comunicación escrita). Los productores, pequeños y medianos fueron afectados por
partida doble, adquirieron créditos para comprar la semilla de papa y obtuvieron
bajísimos rendimientos en la cosecha.

Coincide el abatimiento en la producción nacional con el incremento de los precios
internacionales de los alimentos (2008 y parte de 2009) que acompañó al alza de
los combustibles en esos años. De allí que el gobierno tuvo que pagar precios más
elevados que el promedio de la década anterior.

3.6. Crecimiento en el consumo. Así mismo, mientras descendía el Índice de
Producción de Alimentos FAO, aumentaba la capacidad de consumo de la población.
Por ejemplo los salarios de los empleados que promediaban en el año 2002 la
cantidad de Bs. 2.254 aumentaron a 2.632 en 2007, antes de comenzar a
retroceder en los últimos dos años. Era obvio que con el incremento del precio del
petróleo, aumento del PIB, del circulante y del gasto público, amén de un
crecimiento interanual de la población de 1,6%, aumentaría la demanda de
alimentos y sería, igualmente obvia, la necesidad de estimular la producción interna
y la capacidad de procesamiento. Al ocurrir todo lo contrario, el gobierno, en lugar
de cambiar su política, decreta una suerte de emergencia alimentaria en el año
2008 y coloca sobre organismos sin competencia para ello, e inclusive con
participación de personas de países extranjeros, la responsabilidad de efectuar
importaciones masivas de alimentos. Entre 2004 y 2008 el PIB creció alrededor del
35%, mientras que el valor de la producción agrícola apenas lo hizo en 9% antes de
descender, en una proporción similar en el año 2009.
Fue tan amplia la brecha entre la producción nacional y la demanda, que las
importaciones de alimentos aumentaron de 1.800 millones de US$ en el año 2003
(FAO; 2010) a 7.100 millones en el año 2008 (INE, 2010). La suma de las
importaciones de animales vivos (439 millones de US$) y carne bovina (1.200
millones) resultaron ser 200 veces más elevadas que las registradas en el año 2000
cuando sólo se importaron 273 mil dólares en animales vivos y 12 mil dólares en
carne y preparados (FAO, 2010). Las necesidades de importación fueron cubiertas
entre 1970 y hasta el año 2006 con una erogación anual de divisas equivalente a
US$ 75 por persona, al margen de los incrementos o reducciones en la capacidad
adquisitiva. La cifra correspondiente al 2008 resulta ser 3,38 veces superior,
alrededor de 253 US$ por persona. Es evidente que el país en general y el gobierno
y sus redes de almacenamiento, procesamiento y distribución no se encontraban
preparados para el adecuado manejo de este impresionante incremento en la
importación de alimentos.

3.7. A los hechos mencionados previamente como causas de la crisis de alimentos
en el país, es necesario agregar otros, como: (a) El desmantelamiento de las
instituciones que debían velar por una correcta y sana distribución de alimentos en
el país, como el Consejo Nacional de Alimentación; (b) El incumplimiento por parte
de los organismos competentes de las normas relativas a la seguridad
agroalimentaria y en particular de la inspección y control de la inocuidad y calidad
en los alimentos importados, a que se contrae la Ley Orgánica de Seguridad y
Soberanía Alimentaria en materia de su reconocimiento en los puertos para
constatar las condiciones de almacenaje, valuación, verificación y certificación de la inocuidad y calidad de los alimentos importados, así mismo del Reglamento General
de Alimentos de 1959, sus Normas Complementarias (1996), las Normas de Buenas
Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo
Humano (1996) y las Normas sobre Prácticas para la Fabricación, Almacenamiento
y Transporte de Envases, Empaques y Artículos destinados a estar en contacto con
los alimentos (2007); (c) El cese de funciones de la Comisión del Codex
Alimentarium; (d) El incumplimiento por parte de los responsables de la red de
distribución de los alimentos de los trámites contemplados en la Ley de Aduanas
que determinó demoras en su nacionalización.
La Comisión señala que el Reglamento General de Alimentos (Gaceta Oficial 25.864
del 16 de enero de 1959), establece: “Todo alimento debe ser de la naturaleza y calidad que solicita el comprador u ofrezca el comprador y no podrá ofrecerse a la venta cuando se encuentre en malas condiciones, contravenga lo dispuesto en el RGA o cuando por cualquier otro motivo pueda ser nocivo para la salud (artículo 4). Para que un alimento sea considerado como nocivo para la salud, y por consiguiente no sea permitido ofrecerlo al consumo, bastará con que la autoridad sanitaria abrigue dudas acerca de su inocuidad, ya sea en sus efectos mediatos o inmediatos (art. 5). Se prohíbe la importación, depósito y venta de alimentos alterados, entendiéndose por tales, aquellos que por la acción de causas naturales hayan sufrido averías, deterioros o perjuicios que, a juicio de la autoridad sanitaria, modifiquen su aspecto, calidad, composición o condición higiénica (art. 6). Se
prohíbe la importación, depósito y venta de alimentos adulterados, entendiéndose por tales aquellos que por hechos imputables a sus fabricantes, importadores,almacenistas,expendedores o a cualquier otra persona, no presenten características idénticas a las que sirvieron como base para la autorización sanitaria si se trata de alimentos registrados, o no
reúnen los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, si se trata de alimentos no registrados.

3.8. Existen normas (por ejemplo COVENIN 2952.2001) y criterios científicos
internacionales muy nítidos sobre fecha de vencimiento en alimentos. Esta no es
otra cosa que la fecha límite en la que se considera que las características
sanitarias (inocuidad) y de calidad del producto se pierden. Es decir es la fecha en
la cual termina el período de vida útil del producto desde el punto de vista
microbiológico. La fecha de caducidad se establece bajo criterios científicos que
evalúan las condiciones del producto después del procesamiento, distribución y
manipulación final por el consumidor. Así, la misma es válida bajo los parámetros
empleados para su fijación, es decir las condiciones usuales de temperatura,
humedad, almacenamiento y otras, bajo las cuales se estableció el estudio. La
alteración de estos parámetros conducirá a que el tiempo de caducidad sea mucho
menor. La fecha de vencimiento no puede alterarse bajo ningún concepto o
circunstancia y ha de señalarse en su etiqueta las condiciones de almacenamiento.

3.9. Ante la caída de la producción de alimentos en el país, el gobierno nacional
decidió importar los alimentos necesarios para el consumo de la población, pero en
lugar de recurrir a empresas privadas especializadas, con conocimiento de los
mercados internacionales de alimentos, capacidad de almacenamiento,
procesamiento y distribución, así como con mecanismos de control de calidad,
laboratorios y otras competencias, le encomendó la importación y distribución de
alimentos a PDVSA, una organización sin competencia, experiencia y capacidad
para esta tarea.

El Ejecutivo Nacional para abordar la emergencia alimentaria decretada en el 2007,
parece haber prescindido de los principios de competencia, racionalidad y
adecuación exigidos para el funcionamiento y organización de la Administración
Pública, exigidos en la Ley. El Ejecutivo Nacional asignó a entes distintos a los
competentes en el ramo de la alimentación y sin la pericia y la estructura requerida
para el manejo adecuado de los alimentos, la procura de los mismos y de las
contrataciones directas, sin los debidos controles de costos, entregas y calidad de
los productos. No se tuvo en cuenta que existen competencias adecuadas en el
país, e ignorando su existencia, se delegó en la filial PDVSA Agrícola S. A., la
responsabilidad del Plan Estratégico de Abastecimiento Alimentario, y en Bariven y
PDVSA Services la procura de alimentos. Tampoco tomó en cuenta que legalmente
y conforme las competencias que se le establecieron, es al ministerio del ramo de la
alimentación al que le compete todo lo relativo a las políticas alimentarias y debería ser éste organismo el que ejecutara la decisión del Ejecutivo de importar en forma directa los alimentos y luego encargarse de su almacenamiento, procesamiento, de ser requerido y distribución, así como su seguimiento, evaluación y control.

De igual modo le correspondía a ese ministerio otorgar la garantía de calidad e
inocuidad a lo largo de la producción, transformación, distribución y
comercialización de los alimentos y productos alimenticios11. Sólo después del
hallazgo de alimentos descompuestos y vencidos, y de haber constatado su
pérdida, que puso en evidencia las deficiencias de tales delegaciones de
competencias y el Ejecutivo Nacional, dispuso, mediante el Decreto número 7.540
publicado en Gaceta Oficial número 39.474, de fecha 27 de julio de 2010, la
adscripción de la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos
(Pdval) al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minal) y ordenó el
cambio de su composición accionaria.

La Comisión Presidencial denominada Centro Nacional de Balance de Alimentos
(CNBA)(12), que en sus atribuciones tiene las de informar semanalmente al
Presidente de la República sobre la situación de las importaciones comprometidas y
presentar recomendaciones, así como informar a los órganos competentes para que
aplique las sanciones correspondientes previstas en leyes que regulan la materia
alimenticia. La CNBA no parece haber intervenido para fiscalizar y garantizar que la
cantidad y la calidad de los alimentos importados, no llegaran a la fecha de
vencimiento o a estado de descomposición, a pesar de tener a su disposición los
mecanismos de fiscalización y control ubicados en los diversos organismos y entes
que conforman la administración pública, entre otros el SENIAT, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud y el INDEPABIS. También es necesario destacar la
inoperancia del Comité Nacional del Codex Alimentarius, previsto en el Decreto Nº
7540 de fecha 13 de junio de 2001, cuyo funcionamiento se ordena en la Ley
Orgánica de Seguridad y de Soberanía Agroalimentaria.

El control sanitario en las Aduanas es responsabilidad de la Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tanto si son alimentos manufacturados,que requieren registro sanitario, como alimentos frescos, tales como productos cárnicos refrigerados o congelados. A juicio de los funcionarios, pueden enviarse muestras para su análisis al Instituto Nacional de Higiene. Sobre otros productos frescos también tiene competencia el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral(INSAI) que fue creado tomando como base al antiguo SASA. En las aduanas el
sistema de verificación incluye al SENIAT y la Guardia Nacional. Además es
necesario señalar que estos productos requieren una licencia de importación, lo que
implica, supuestamente, una verificación previa de las características de la empresa
u organización importadora.

3.10. Por otra parte, los países exportadores poseen o deben poseer, una
legislación dirigida a garantizar los derechos de los consumidores y de quienes
adquieren sus productos. Por ejemplo, la Unión Europea posee un marco de leyes
que impide la comercialización de alimentos que no sean seguros y el país de
origen asume la responsabilidad de cualquier violación de este principio. Además
los alimentos deben ser trazables, es decir el tener conocimiento sobre los
proveedores, existe transparencia y la obligación de informar cuando los mismos no
son seguros y en consecuencia retirarlos con urgencia. La ley también obliga al
control y prevención, existiendo finalmente la obligación de cooperar con los
gobiernos de otros países en caso de alguna violación a estos principios.

3.11. La confianza de los consumidores constituye un elemento esencial en los
sistemas agroalimentarios de cada país. Los gobiernos deben actuar de modo
expedito y corregir cualquier causa que genere entre los ciudadanos dudas sobre la
inocuidad o calidad de los productos distribuidos bien por el sector privado y aún
más por instituciones públicas. En Venezuela, y en términos generales, este
objetivo de las políticas públicas se había cumplido y los ciudadanos depositaban
toda su confianza en la calidad e inocuidad de los alimentos y en la capacidad del
Estado y su legislación. En la actualidad esa confianza se ha perdido.

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

4.1. Las consecuencias de esta crisis son muy graves e incluyen:
• Amenazas a la salud
• Daños al patrimonio público y su impunidad por la falta de
aplicación de las sanciones pertinentes.
• Desatención de funciones esenciales del Estado
• Violaciones a los derechos de las personas de disponer
oportunamente de bienes y servicios de calidad y de elegirlos
conforme sus preferencias o a sus necesidades particulares de
dieta

4.2. La crisis de los alimentos sorprende al país en un momento en el cual muchos
de sus grupos o poblaciones vulnerables se encuentran en riesgo: embarazadas,
infantes, preescolares, escolares y adolescentes; por otra parte esta crisis plantea
otras amenazas a la salud de los venezolanos debidas a la falta de aplicación de los
controles sanitarios necesarios, el consumo de alimentos vencidos y descompuestos
o de dudoso origen, los cuales pueden generar contaminación colectiva.
Es importante diferenciar el alimento deteriorado, el cual es rechazado de forma
inmediata por el consumidor , del alimento que visiblemente no esta deteriorado
pero es nocivo para la salud y no apto para consumo humano ni animal, como
aquel cuyas elevadas concentraciones de toxinas microbiológicas o químicas,
especialmente en los alimentos deshidratados (leche en polvo, granos, cereales
como arroz, maíz) que no presentan deterioro visible mas pueden contener altos
niveles de de patógenos microbianos, hongos y sus toxinas que son estables al
calor, y cuando se reprocesan mantienen su toxicidad.

La Disponibilidad de Energía Alimentaría (calórica) alcanzó en 1979 y 1980 un nivel
de suficiencia alimentaria de más de 2800 Kcal., entre los más elevados de América
Latina. En el año el 2001 se registra una Disponibilidad muy baja, inferior a los
requerimientos y valores considerados como deseables por la FAO. Entre 2004 y
2008, si bien la disponibilidad de alimentos cubría los requerimientos mínimos, no
alcanzaba la suficiencia de 110% internacionalmente recomendada a fin de cubrir a
toda la población. No obstante, según las Hojas de Balance de Alimentos del 2008
los alimentos que aportan el 70% de las calorías disponibles son: los cereales que
representan el 32%, lo cual duplica los valores correspondientes a grasas visibles,
azúcares y miel. Las carnes y lácteos aportan 5% a 10%; los aportes de frutas y
hortalizas son marginales, solamente 2%.

Si bien el consumo de calorías de los venezolanos ha aumentado con relación a la
situación crítica que se vivió en el 2001, se observa que el incremento en la
disponibilidad calórica de harinas, azúcares y grasas fue más de 300 calorías y la de
los restantes alimentos cerca de 80. De la energía disponible, 56,3% es nacional y
43,7% es importada; de las proteínas 44,9% es nacional y 55,3% es importada.
Las grasas importadas alcanzan 59,8%13 . En general, hay un excesivo componente
importado en la disponibilidad y la falta de suficiencia alimentaria que afectan la
seguridad alimentaria. Según el reporte de la FAO sobre disponibilidad alimentaria,
entre 2000 y 2007 Venezuela ocupa el puesto 22 en América Latina y el Caribe, una
ubicación que no se corresponde con el PIB per capita que debería colocar a
Venezuela entre los primeros diez países de la región en materia de calorías
disponibles(14).

Los alimentos que consumen los venezolanos en orden de importancia en volumen,
son harina de maíz, azúcar, arroz, aceite, harina de trigo, carne de aves, leche en
polvo completa y margarina (Encuesta al Seguimiento del Consumo Alimentario,
INE). Los cereales, grasas visibles y azúcares aportan el 70 % de las calorías15.
Cuando un número limitado de alimentos proporciona la mayor cantidad de
calorías, el valor nutritivo de estos alimentos es crucial para la seguridad
alimentaria. En momentos de crisis uno de los ajustes que hacen las familias de
escasos recursos es en la economía energética, es decir, incrementan el consumo
de los alimentos que proveen la mayor proporción de las calorías de la dieta (entre
60 y 80%), aunque los mismos no posean todos los nutrientes, vitaminas y fibras
deseables. La naturaleza de estos alimentos generalmente condiciona el tipo y la
gravedad de la malnutrición en un país, por lo tanto, no es de extrañar, que con el
patrón señalado, en la actualidad coexistan problemas de sobrepeso y déficit
nutricional, en especial en los estratos de menores recursos. La política de control
de precios induce a la población de menores recursos al consumo de cereales,
harinas y grasas.

Entre los indicadores relevantes de salud de cualquier país están la mortalidad
infantil y la mortalidad de niños de 1 a 5 años. La mortalidad infantil ha descendido
muy lentamente y para 2008 alcanza 15,8 por cada 1.000 nacidos vivos, cifra muy
alta para Venezuela16 comparada con Chile donde es de 8 por cada 1.000 nacidos
vivos. Entre las causas de la mortalidad infantil se encuentran las afecciones del
periodo peri natal, anomalías congénitas, infecciones intestinales y neumonías La
mortalidad en menores de 5 años en Venezuela es 21 por cada 1.000 nacidos vivos,
más alta que la de Chile y Costa Rica que son de 9 y 12 por cada mil 1.000 nacidos
vivos respectivamente 17.. La mortalidad en los niños menores de 5 años por
infecciones intestinales y neumonías se encuentra con elevada frecuencia asociada
a la desnutrición, así como a las condiciones sanitarias del hogar.
Por otra parte, la mortalidad materna, que tradicionalmente ha sido alta en nuestro
país, se ha incrementado hasta llegar a 60,5 por cada 100.000 nacidos vivos, más
elevada que la de Chile y Costa Rica que son 17 y 36 por cada 100.000 nacidos
vivos, respectivamente18.

En el año 2008 se registraron 646.225 nacimientos, de los cuales el 9%
correspondieron a recién nacidos de bajo peso con alto riesgo de desnutrición19,
debido a que muchos provienen de embarazos de madres desnutridas, la mayoría
de ellas adolescentes que dan cuenta del 20% de todos los nacimientos. Todos
estos indicadores se encuentran, entre otros factores, asociados al estado
nutricional y entre las causas específicas de muerte se encuentran patologías
evitables con una adecuada política de salud que tenga como punto focal la
protección nutricional de la madre y el niño. Estos datos revelan que cada vez nos
alejamos más de las Metas del Milenio para el año 2015.

Según cifras oficiales entre los años 2000 y 2007, el déficit nutricional en los niños fue el siguiente: en menores de 2 años entre 11,7% y 11,3%; de 2 a 6 años se
mantuvo en 22, 4% y en escolares de 7 a 14 años se redujo de 24,3% a 22,2%20.

Datos de estudios realizados en distintas zonas del país señalan en preescolares y
escolares procedentes de zonas de menores ingresos peri urbanas y rurales, un
déficit mayor que va desde 25,3% al 36,7%21. En el otro extremo se presenta el
exceso de peso que afecta a los niños de zonas urbanas, que según cifras oficiales
se incrementó de 13,3% a 16,9% en el mismo periodo22. Esto quiere decir que
coexisten en la población grupos con desnutrición, concentrados en los bolsones de
pobreza en nuestras ciudades y en el medio rural con grupos que presentan exceso
de peso. Este exceso se debe a una recuperación nutricional inadecuada durante el
crecimiento, que produce un aumento en el peso, pero que no logra alcanzar la
estatura programada; estos son los llamados “sobrevivientes” que no lograron
desarrollar su potencial genético en talla y terminan pequeños y con sobrepeso.
En Venezuela, la anemia por deficiencia de hierro afecta a los lactantes y
preescolares, escolares y mujeres embarazadas, en especial en las poblaciones de
menores recursos. Los datos de estudios en distintas zonas del país, indican valores
de anemia entre 30% y 40% en lactantes, y de 20% a 30% en preescolares,
escolares y mujeres embarazadas. En estos grupos la deficiencia de hierro es muy
alta y varía entre 60-78% (23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34).Las consecuencias de la anemia son irreversibles si ocurre a temprana edad ya que interfiere en funciones
cerebrales, con alteraciones en las respuestas motora, emocional y social, así como
fatiga, dificultades de aprendizaje y susceptibilidad a infecciones recurrentes. Los
niños deficientes tienen 6-15 puntos menos en las pruebas de desarrollo; todos los
niños anémicos o deficientes de hierro, obtienen menores puntuaciones en pruebas
de funcionamiento mental, motor o social-emocional, aún cuando, hayan recibido
terapia con hierro. La deficiencia de hierro y la anemia en la embarazada pueden
producir abortos, partos prematuros, recién nacidos con bajo peso al nacer y la
madre comienza la lactancia con reservas de hierro reducidas, lo cual repercute en
el neonato(35,36). En los adultos, la lentitud en las respuestas y menor productividad laboral se encuentran asociadas a la anemia. Todo lo mencionado es parte de la llamada “hambre oculta” ya que la deficiencia de micro nutrientes no es visible pero tiene efectos devastadores y constituye un serio problema de salud pública.

Las deficiencias en los programas dirigidos a satisfacer las necesidades
nutricionales de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica y media
han sido señaladas por estudiosos de la educación venezolana. En el presupuesto
del Ministerio del Poder Popular para la Educación para el año 2010 se asigna una
partida de Bs. 1.031.079.228 para alcanzar la meta de 4.015.135 niños,
adolescentes y jóvenes como beneficiarios del programa de Alimentación Escolar
PAE. No se ha podido obtener información acerca de la cobertura alcanzada por el
programa en el año escolar 2009/2010 y tampoco cifras sobre la ejecución
presupuestaria. Este programa se realiza con prioridad en las Escuelas
Bolivarianas, modalidad cuyos principales objetivos son garantizar la permanencia
del alumno en una jornada completa y proporcionar la alimentación que ofrezcan
tres comidas diarias, que deben satisfacer el 75% de las necesidades nutricionales.
No se dispone de información oficial sobre el cumplimiento de la meta de 1.723.325
alumnos para el año escolar 2009/2010.

Desde el lapso 2006/2007 se viene observando un atraso en el logro de las metas
fijadas, la cual para ese año fue de 1.132.041 alumnos. También se ha señalado
que recientemente las autoridades del MPPE habrían dictado un reglamento interno
que calificaría como Escuelas Bolivarianas a aquellas que funcionen bajo la
modalidad de media jornada diaria. Esto implicaría una reducción del servicio de
comidas y de la atención integral de los alumnos como se aspiraba en el modelo
original. Durante éste año la prensa nacional y local han registrado denuncias de
padres, docentes y directivos de las escuelas públicas que trabajan en diferentes
modalidades, bolivarianas o no, en torno al mal funcionamiento y en algunos casos
paralización del Programa Alimentario Escolar, PAE. (El Nacional, 11/07/2010, Sección
Ciudadanos, p. 2). La organización Asamblea de Educación a través del seguimiento
de registros de prensa ha encontrado que en 17 estados del país se han producido
denuncias que van desde la falta de recursos para la compra de los insumos (54%),
suspensión del servicio (17%) falta de recursos para pago de personal (12%) y
reducción del horario escolar (10%). Son numerosos los casos de suspensión del
servicio debido las deudas pendientes de las Zonas Educativas con los proveedores
de los alimentos y con las madres procesadoras de las comidas.

Además se ha desmejorado la cobertura que para el año 2008 alcanzaba al 48% de
las escuelas oficiales. (El Nacional, 4/7/2010, Sección Siete Días, p 3) y que a ello
puede atribuirse junto con otras causas relacionadas con las deficientes
infraestructuras escolares, de sus aulas, baños y otros servicios, a la violencia
imperante en algunas zonas, el ausentismo de los maestros y la falta de recursos
pedagógicos, la elevación del ausentismo de los alumnos y la deserción. La escuela
se ha convertido en un lugar donde el alumno va a comer y de no lograrlo se
ausenta o deserta. Un investigador, ha señalado que en un estudio realizado en 50
escuelas de 5 estados del país, los alumnos faltan entre 5 y 9 veces a la escuela en
un mes (El Nacional, 2010, l.c.). En otra investigación en proceso efectuada en 32
escuelas públicas en diversos estados del país, los docentes señalan que la causa
mas importante del bajo rendimiento escolar y del ausentismo de los alumnos se
debe a la mala alimentación que estos reciben en sus casas. Señalan que
aproximadamente un 20% de los alumnos de sus escuelas padecen de bajo peso
para la edad. Por otra parte, es evidente la insuficiencia en la atención pública
alimentaria a los escolares.

Debemos hacer aquí la pregunta sobre el impacto que hubiese tenido sobre la
nutrición y salud de los escolares el invertir en ellos los cuatro o cinco mil millones de dólares empleados en importaciones y subsidios de alimentos que se podrían haber producido en el país. Una reflexión para los actuales y futuros legisladores cuya obligación con el país es la ubicación más eficiente de los recursos presupuestarios.

4.3. La falta de transparencia en la gestión pública hace imposible conocer con
precisión la magnitud de los daños al patrimonio público por la ineficiencia del
Estado y la presunta corrupción en las operaciones de importación, comercialización
y distribución de alimentos. Sólo en las operaciones de Pdval y Bariven se han
mencionando cifras que podrían alcanzar miles de millones de dólares. En todo
caso, es evidente que la improvisación y la falta de vigilancia y de control por los
organismos competentes ocasionaron daños irreparables al patrimonio público que
determinan responsabilidades administrativas, civiles y penales.

En efecto, la aparición de productos alimenticios declarados de primera necesidad
vencidos o en mal estado, hecho comunicacional que ha permitido conocer su
existencia, hace presumir la responsabilidad de funcionarios y/o funcionarios y
proveedores por infracciones contempladas en la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, por violación al derecho de las
personas en el acceso a bienes requeridos para la satisfacción de sus necesidades y
por violación de las obligaciones relativas a la protección de la salud y seguridad de los consumidores, sin que el INDEPABIS haya efectuado supervisión de dichos
proveedores y una investigación para comprobar la responsabilidad de esos
participantes(37).

Asimismo, lo sucedido con los alimentos, hecho comunicacional ampliamente
documentado y la falta de controles fiscales en la adquisición de dichos productos,
denunciado en la red de distribución de PDVAL por la Auditoria General de PDVSA(38),
permite señalar que en este proceso, y en el seno de la red de adquisición y
distribución de alimentos, se prescindió de los principios para prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio público a que se contrae la Ley contra la
Corrupción, así como lo pautado en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Alimentaria, que hace presumir la responsabilidad administrativa de dichos
participantes y obligan a la Contraloría General de la República a practicar las
investigaciones pertinentes y a exigirles rendición de cuentas(39).

No es aceptable la displicente actitud del Contralor que primero manifiesta
públicamente que "los niveles de producción, importación y abastecimiento de los
rubros leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para
satisfacer la demanda de los consumidores, entre otras causas por los retrasos en
la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana
Agraria, la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal".
(Informe de la Contraloría correspondiente al año 2008) y luego, un año después
señala que: "Para nosotros Mercal o Pdval no es lo importante (...) Se han
presentado una serie de fallas y dificultades que lo hemos sabido no sólo por los
medios, sino por el trabajo de auditoria que realiza la Contraloría (Declaraciones a
los medios de comunicación con motivo de la entrega del Informe 2009 a la A.N.).

Añade el economista Maza Zavala, hasta hace poco uno de los directores del BCV
“El desperdicio de una cantidad considerable de alimentos comprados en el exterior
no Sólo implica un costo de divisas irrecuperable, sino también un déficit en el
abastecimiento del mercado” (http: economía.eluniversal.com 20/10/08/05). Del
mismo modo todo lo anterior, obliga al Ministerio Público a ejercer las acciones
penales y civiles contra quienes en ese proceso de adquisición, almacenamiento y
distribución de alimentos, presumiblemente incurrieron en delitos contra el
patrimonio público, por la perdida y deterioro de bienes de este patrimonio, de cuya
administración o custodia están encargados por razón de sus cargos40. Asimismo es
una función importante de la Asamblea Nacional el establecer la responsabilidad
política de quienes ordenaron a PDVSA y PDVAL adquirir, almacenar y distribuir
alimentos, con pleno conocimiento de que estas organizaciones carecían de los
conocimientos y experiencia requeridos.

4.4. Se ha violentado la organización del Estado, afectando seriamente el
funcionamiento de la Fuerza Armada y PDVSA al asignarles funciones no previstas
en la Constitución y leyes orgánicas, y en sus estatutos, respectivamente, e
inducirlas al incumplimiento de sus funciones esenciales. El informe operacional y
de gestión de PDVSA, publicado recientemente, muestra que en los últimos cuatro
años ha crecido más la fuerza laboral de la industria que la producción de crudo41.

Esta situación de incremento excesivo de personal se debe en buena medida a la
realización por parte de PDVSA de actividades no relacionadas con el sector
petrolero, como la importación, comercialización y distribución de alimentos, que
corresponden a otras entidades de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
Por otra parte, el incumplimiento de las funciones de la Fuerza Armada, dedicada
también a actividades no relacionadas con su misión, como la intervención de
fincas, puede ser una de las causas del deterioro general de la institución. Por
ejemplo, la pérdida o deterioro de armas, accesorios y municiones es un problema
de tal magnitud que el Ministerio de la Defensa se vio obligado en mayo de 2009 a
emitir una directiva para tratar de controlar esta situación.

5. RECOMENDACIONES

Se encuentran orientadas a solicitar de los diputados a la Asamblea Nacional actual
y aquellos que resulten electos el próximo 26 de septiembre, legislar, controlar y
asignar recursos presupuestarios indispensables para incrementar la producción
nacional de alimentos y garantizar la calidad e inocuidad tanto de los producidos en
el país, como de los importados. Para ello también es necesario que las
instituciones públicas relacionadas al tema y citadas a lo largo del texto, cumplan
cabalmente con las leyes y otras normas vigentes, se ajusten a su misión y
mejoren su desempeño. Estas recomendaciones se inician con una de carácter
general y constitucional que es el respeto a la propiedad privada de las tierras y de
las garantías de su expropiación por causa de verdadera utilidad pública, del debido
proceso y de la justa y oportuna indemnización, todo ello en concordancia con lo
establecido en la Constitución de la República.

(a) Efectuar modificaciones en las leyes vigentes para garantizar que los
productores agrícolas y ganaderos, agroindustrias y otros agentes
económicos de las cadenas agroalimentarias puedan realizar sus labores con
las libertades económicas garantizadas por la Constitución y, entre ellas, la
libre disposición de sus bienes;

(b) Propiciar una reforma legislativa que consagre como regla general, el
carácter inafectable e inexpropiable de la pequeña y mediana propiedad y el
acceso a la propiedad de la tierra a los productores que ocupen tierras
públicas y que estén cumpliendo con su función social y económica;

(c) Promulgación de una Ley de Desarrollo Rural Integral para la
transformación de las tierras ociosas, en particular aquellas en manos del
Estado, en unidades económicas productivas, que garantice la seguridad
jurídica de la propiedad agraria, fomente y privilegie la actividad agro
productiva nacional y el uso óptimo de la tierra, mediante la dotación de las
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y
asistencia técnica, medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, capacitación de mano de obra y las que fueren necesarias para
alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento;

(d) Establecer las bases de una moderna regulación legal de las relaciones
contractuales de la cadena agroalimentaria y de promoción de asociaciones a
estos fines. Estimular contratos que permitan coparticipación y codirección,
como contratos de arrendamiento de base asociativa o paritarias de riesgos y
obligaciones, así como repartición equitativa de los beneficios de las unidades
productivas. Instrumentos que han demostrado ser eficientes para propiciar
el desarrollo rural, como en el caso de los países europeos, entre otros;

(e) Establecimiento de una base legal y técnicamente sólida para los
procesos graduales y concertados con los propietarios, de cambio de rubro y
uso óptimo de las tierras incluyendo las inversiones y subsidios contemplados
por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, así como las leyes,
normas y recomendaciones técnicas para asegurar el menor impacto
ambiental y avanzar hacia una producción sostenible;

(f) Promulgación de un Código Alimentario que compile la normativa
relacionada con la producción de alimentos, higiene, las normas
internacionales y que haga obligatorias las buenas prácticas destinadas a
lograr los más elevados niveles de inocuidad y calidad de los alimentos y
eficiente el sistema de gestión público;

(g) La revisión, modificación, derogatoria y simplificación de procedimientos
para la producción, transporte, almacenamiento, importación, procesamiento
y distribución de alimentos que se traduzca en la reducción de costos y
mejora en la regularidad de suministro de alimentos como elemento esencial
de la seguridad alimentaria. Para ello es de gran importancia lograr la
participación del sector privado y aprovechar la experiencia acumulada por
las empresas en estos aspectos;

(h) Desarrollo de una normativa legal dirigida al desarrollo de la
infraestructura vial, educativa y sanitaria rural destinada a elevar la calidad
de vida, desarrollo personal e ingresos de la población rural;

(i) Revisión de las bases legales vigentes relacionadas al control de cambio y
la fijación de precios al productor y al consumidor para crear facilidades en la
disponibilidad y adquisición de alimentos, maquinaria y otros insumos
necesarios para una eficiente actividad agropecuaria. Todo ello en
concertación con el sector privado;

(j) Exigir la aplicación de los procedimientos de inspección y control de la
inocuidad y calidad de los alimentos importados por parte de los organismos
competentes como el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto
Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Higiene, el INSAI e
INDEPABIS. Así mismo exigir, desde la Asamblea Nacional, la adecuada
capacitación técnica de los funcionarios de estas instituciones y la
participación de las Universidades que cuentan con Escuelas, Institutos y
Laboratorios de ciencia y tecnología de alimentos tanto en la capacitación
como en la prestación de servicios analíticos. En éste mismo contexto
reestructurar el Consejo Nacional de Alimentación garantizando la
participación en el mismo de representantes de los productores,
agroindustria y distribuidores privados, así como de investigadores y
docentes de nuestras universidades con experiencia en nutrición, así como
ciencia y tecnología de los alimentos;

(k) Desplazar gradualmente las responsabilidades asumidas por el gobierno
en materia de importación directa de alimentos hacia las empresas privadas
especializadas que tengan experiencia y conocimiento de los mercados
internacionales, sus precios y calidad de los productos;

(l) Exigir tanto a PDVSA como a la Fuerza Armada, el INTI y cualquier otra
institución el dedicarse al cumplimiento de su misión, acatamiento de la ley y
cabal cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con los
ciudadanos de Venezuela, para estimular, más que entorpecer, la producción
nacional;

(m) Reclamar de la Contraloría y del Ministerio Público, la mayor diligencia
en el establecimiento de las responsabilidades, elaboración de expedientes y
acusaciones correspondientes a los supuestos responsables que, por acción,
omisión, delegación o imposición a través de órdenes, permitieron la pérdida
de alimentos, causaron daños al patrimonio público y/o pusieron en riesgo la
salud de la población. La investigación de los organismos competentes debe
incluir a las empresas navieras, portuarias, almacenadoras o transportistas
que participaron en éstas operaciones y que con certeza pueden aportar
información precisa sobre lo acontecido;

(n) Como medio para coadyuvar en el establecimiento de estas
responsabilidades, se debe solicitar información oficial a los gobiernos y
parlamentos de Argentina, Brasil, China, Uruguay, Nicaragua, Colombia,
Ecuador, Bolivia, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Holanda,
entre otros, sobre las operaciones de exportación de alimentos y animales
vivos a nuestro país, comprados por Bariven, PDVSA Services Inc., o por
otros entes del gobierno de Venezuela. Esta solicitud de incluir aclaratorias o
certificaciones sobre la calidad de los alimentos exportados a Venezuela, las
fechas de vencimiento y, en general el cumplimiento, en los países de origen,
de las normas nacionales e internacionales destinadas tanto a garantizar la
pulcritud de las operaciones comerciales, como la inocuidad de los alimentos
destinados al consumo humano y aquellas destinadas a evitar la propagación
de enfermedades en el caso de los animales vivos, es muy importante para el
proceso de fijar las responsabilidades;

(o) Exigir la adecuada ejecución del Programa Alimentario Escolar,
corrigiendo las irregularidades que presenta y mejorando su cobertura y
efectividad;

(p) Garantizar a todas las embarazadas y lactantes de los estratos de
menores de recursos la suplementación de hierro y ácido fólico.
Finalmente, es muy importante para la construcción de un clima adecuado
para las actividades productivas en general y la satisfacción de las
necesidades de la población, tomar medidas requeridas para incrementar la
eficiencia, eficacia y buen funcionamiento de la totalidad del sistema de
justicia y prevención. Es indispensable mejorar la seguridad personal y
jurídica en todo el territorio nacional, así como colocar el mayor énfasis
posible en la descentralización y el papel fundamental de las Gobernaciones y
Alcaldías.

NOTAS
1 José Huerta, “La inflación en Venezuela”, http://www.josebhuerta.com/inflacion.htm
2 Mercedes López de Blanco, Maritza Landaeta de Jiménez y Yaritza Sifontes, “Venezuela y su contexto nutricional”,
Fundación Bengoa, 2009
3 Oscar Meza, CENDAS- FVM, Ficha Temática No. 56, Junio 2010
4 Consumidor.org, http://www.consumid.org/detalle/5784/mientras-los-precios-de-los-productos-aumentan-la
5 Artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6 Jesús Villanueva, Auditor General, PDVSA, Memorándum Confidencial No. AIC- 2009- 108, de fecha 7 de abril de
2009, para Rafael D. Ramírez C., Presidente de PDVSA y Ministro de Energía y Petróleo
7 Pedro Palma, http://www.globovision.com/news.php?nid=157060
8 Suárez Niño, Juan Carlos y Morillo Moreno, Marysela Coromoto. “Impacto del régimen de control de cambio sobre
la industria de alimentos, bebidas y tabaco del Municipio Libertador (Mérida, Venezuela)”. Agroalim, jun. 2007,
vol.12, no.24, p.63-78. ISSN 1316-0354.
9 “El Nacional Regiones”, 15 de julio de 2010, http://secure1.infotech-corp.com/elnacional/
10 http://www.reportero24.com/2010/07/19/fedenaga-un-plagio-cada-dos-dias-desde-1999/
11 Decreto Nº 3.125 de fecha 15 de septiembre de 2004, sobre Organización Funcionamiento de la Administración
Pública Central, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.024 del 16 de septiembre de 2004, y reimpreso en Gaceta Oficial
Nº 38.027 de fecha 21 de septiembre de 2007. Reglamento Orgánico del Ministerio publicado mediante Decreto
Nº 4.272 de fecha 06 de febrero de 2006, en Gaceta Oficial Nº 38.374 de fecha 07 de febrero de 2006. Decreto Nº
5.103 de fecha 28 de diciembre de 2006 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública
Nacional publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.836 del 08 de marzo de 2007. Decreto Nº 5.246 sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.654 de
fecha 28 de marzo de 2007. Y Reforma del Reglamento Orgánico del Ministerio, contenido en el Decreto Nº 6.392,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.008 de fecha 3 de septiembre del 2008
12 Creada mediante el decreto número 5.833, publicado en Gaceta Oficial número 38.859 del 28 de diciembre de
2008
13 HBA. INN-ULA 1970-2007. HBA INN 2001-2007.
14 FAO. Calorías en las Américas 2000-2007
15 ESCA.INE 2004-2007
16 Anuarios de Epidemiología y Estadística del MSAS 2000-2008
17 UNICEF. Informe Mundial de la Infancia 2008 p. 114-117
18 UNICEF. Informe Mundial de la Infancia 2008 p.142-145
19 Anuarios de Epidemiología y Estadística del MSAS 2000-2008
20 INN. SISVAN 2000-2007
21 Landaeta-Jiménez M y col. Condición nutricional de niños venezolanos en comunidades urbanas y rurales
(comunicación personal). 2010.
22 INN. SISVAN 2000-2007.
23 Fundacredesa-UNICEF. Estudio impacto del enriquecimiento de las harinas con hierro y vitamina A en la
población venezolana. Ministerio de la Secretaría. Fundacredesa. 1998, pp121.
24 Solano L, Meertens L, Peña E, Arguello F. Deficiencia de micronutrientes. Situación actual. AnVenezNutr 1998;
11: 48-54.
25 Fundacredesa. Indicadores de situación de vida y movilidad social. Años 1995-2000. Caracas 2001; pp 1-652.
26 Fundacredesa. Estudio integral de la mujer embarazada. Caracas 2002; pp 273-466.
27 Fundacredesa. Condiciones de vida de la población del Estado Vargas. Caracas 2002.
28 Dini G E, Arenas O. Pruebas de laboratorio en niños con desnutrición aguda moderada. AnVenezNutr 2002; 15:
67-75.
29 Meertens L, Solano L, Sánchez A. Hemoglobina, ferritina y zinc sérico de mujeres en edad reproductiva. Su
asociación con el uso de anticonceptivos. AnVenezNutr 2002; 15(1): 5-10.
30 Fundacredesa. Prevalencia de anemia y deficiencia de hierro en Eje Norte (Cojedes, Guárico y Portuguesa),
Venezuela 2004.
31 Cedillo D N, Dellán B JE, Toro J. Estado nutricional de las adolescentes embarazadas: relación con el crecimiento
fetal. RevObstetGinecolVenez. [online]. Dec. 2006, vol.66, no.4 p.233-240. http://www.scielo.org.ve/scielo.
32 Papale J, García-Casal MN, Torres M, Berné Y, Dellán G, Rodríguez D, Mendoza N. Anemia deficiencia de hierro,
de vitamina A y helmintiasis en una comunidad rural del estado Lara. AnVenezNutr 2008; 21:70- 76.
33 Solano L, Barón MA. Sánchez A, Páez M. Anemia y deficiencia de hierro en niños menores de cuatro años de una
localidad de Valencia. AnVenezNutr 2008, 21: 63-69.
34 Dellán G, García-Casal MN, Villanueva M T, Berné Y, Rodríguez D, Mendoza N, Papale J. Prevalencia de anemia,
helmintiasis y deficiencias de hierro y vitamina A en menores de 15 años de una población rural de Venezuela.
2000 (FALTA).
35 Landaeta-Jiménez M, García MN, Bosch V. Principales deficiencia de micronutrientes en Venezuela. RevEspNutr
Comunitaria 2003:9(3):117-127.
36 García MN. Micronutrientes:El problema, la evidencia y la solución. III Jornadas Científicas. Enfrentando el reto:
La doble carga de la malnutrición. CANIA 15 Aniversario. Caracas 8 de julio, 2010 (Comunicación personal).
Informe de la Comisión para el Análisis de la Crisis de Alimentos en Venezuela. Caracas, 24 de agosto 2010
40
37 Artículos 77, 78, 101, Nos. 2, 3 y 7; 114, 126
38 Jesús Villanueva, Auditor General, PDVSA, Memorándum Confidencial No. AIC- 2009- 108, de fecha 7 de abril de
2009, para Rafael D. Ramírez C., Presidente de PDVSA y Ministro de Energía y Petróleo
39 Artículos 4, 5, 6, 7,9, 16, 17, 20, 41, Nº 5;
40 Artículo 52,53, 87,
41 http://economia.eluniversal.com/2010/08/05/eco_art_en-4-anos-nomina-de_1995040.shtml




INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Teresa Albanes Barnola, Abogada UCAB, post grado en Derecho Público, UCV. Ex
profesora de UCAB. Ex Presidenta del Instituto Nacional del Menor. Ex Directora Regional de UNICEF para América latina y el Caribe, sede Bogotá; Asesora del Director Ejecutivo de UNICEF, Nueva York. Ex Ministra de la Familia; Asesora en el área de inversión social.

Román Duque Corredor. Abogado y Doctor en Derecho de la UCAB. Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad Monte Avila y de la UCAB. Profesor en la Especialización de Derecho Agrario y Ambiental de la UNELLEZ. Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Profesor Honorario de la Universidad Católica de La Plata, Argentina. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Mercedes López de Blanco. Médico Cirujano, UCV, Pediatra, Diploma of Child Health,
University of London. Doctor en Ciencias Médicas, LUZ. Miembro Honorario de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Fundador-Presidente del Capítulo de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Miembro de la Society for the Study of Human Biology. Investigador-Jefe (Jubilada) de Ciencias Biológicas de FUNDACREDESA. Profesora Titular de la USB. Vicepresidente de la Fundación Bengoa.

Carlos Machado Allison: Licenciado en Biología de la UNAM; PhD en Genética (University of Notre Dame). Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la UCV y del IESA. Ex Director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical de la UCV. Ex Gerente General del FONAIAP. Ex funcionario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Alberto Silva Aristeguieta. Alberto Silva Aristeguieta, Ingeniero Civil, Universidad Central de Venezuela, Doctor en Investigación en Economía de la Empresa, Universidad de Almería, España. Ex Profesor de la UCV, UCAB y UNIMET. Ex Vicepresidente del Instituto Nacional de Puertos. Ex Subcontralor en la Contraloría General de la República. Consultor

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