La expropiación o confiscación de Agroisleña y Fertinitro, se suman a las numerosas fincas intervenidas (2,9 millones de hectáreas), los silos, empresas de transporte y las cadenas de distribución Mercal, PDVAL y Bicentenario. El mayor monopolio que se haya conocido en Venezuela. Las Empresas Polar y Cargill también han sido amenazadas en muchas oportunidades y muchos de sus distribuidores, a pesar de ser independientes, son acosados permanentemente. Esa es una cara de la moneda, la otra el control de las importaciones de alimentos, insumos y maquinaria en las que el gobierno, y empresas vinculadas al mismo, también controlan una elevada proporción de los productos. Venoco, una empresa de lubricantes de larga tradición, es la más reciente de la víctimas.
Casi una década de agresiones contra el sector privado, la iniciativa empresarial y el consumidor se pueden sintetizar en algunas cifras. Primero la inflación más grande en alimentos de América Latina y una de las más grandes del mundo. A seguir, un abatimiento de la calidad de los productos como resultado de la desinversión en tecnología y el control de precios a productor y al consumidor. En tercer lugar una severa caída en la producción de carne bovina, azúcar, leguminosas, frutas, tubérculos y café, así como retroceso en la correspondiente a maíz y arroz que había tenido un repunte hasta el año 2008. En cuarto lugar la inexistencia de nuevos inversionistas y caída en el valor real de las fincas.
El escándalo de PDVAL, precedido de otro asociado a nuevas empresas agrícolas y agroindustriales que surgieron bajo el ala protectora del gobierno, no han sido obstáculo para que sigan las expropiaciones y confiscaciones, incluso con el silencio cómplice de algunos países que han visto sus intereses afectados. En el pasado sombrío de América Latina la mayoría de las expropiaciones estuvieron dirigidas contra capitales foráneos y justificadas por un nacionalismo muy primitivo que trataba de explicar el subdesarrollo como producto del imperialismo internacional. Pero lo que ocurre en Venezuela es distinto, la mayor parte de las expropiaciones han sido efectuadas sobre propiedades de venezolanos y son también venezolanos los afectados. La nacionalización de CANTV, Cemex, La Electricidad de Caracas, Sidor y muchas otras empresas, lejos de traducirse en mejorías en el servicio, han devenido en abatimiento en la producción, caída en la transferencia de tecnología, abatimiento en la calidad del servicio y alejamiento de los inversionistas. La guerra contra las Casas de Bolsa, las empresas de seguros y la banca complementan un tenebroso panorama económico que se expresa en mayor desempleo, crecimiento de la economía informal y, en el último año, cifras negativas del PIB, ubicación del país en los últimos lugares del índice de competitividad y preservación de la pobreza.
¿Qué ha cambiado? Básicamente la relación entre el gobierno y el pueblo. Éste es ahora un súbdito dependiente de la mano del gobierno en lo que a comida, empleo, vivienda y servicios concierne. Es la dictadura perfecta, se trata de un sistema que controla cada paso del ciudadano, que come, con qué se viste, en qué se transporta, qué televisión ve y qué radio escucha. Una dictadura peculiar ya que permite elecciones y tolera una disidencia suave, pero cuando los resultados no le son favorables, entonces arremete con fuerza contra las empresas o los ciudadanos. Si la protesta es fuerte, entonces vienen las amenazas que oscilan desde la cárcel, hasta otras formas más sutiles de amedrentamiento. Dueños de la principal fuente de divisas, el petróleo, tienen la capacidad de manipular o influir sobre mucha gente. Dueños de la comida, pueden someter a millones de personas a su influencia política.
Teníamos la certeza que tras el mal resultado electoral del pasado 26 de septiembre, vendrían meses duros antes de que las 65 voces comprometidas con un país diferente, tomaran sus curules en la Asamblea Nacional. Vendrán más leyes socialistas, más agresiones contra las universidades autónomas, más expropiaciones o confiscaciones.
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