Los recursos irán a las arcas centrales y allí deberán acudir los interesados con sus proyectos
CARLOS MACHADO ALLISON | EL UNIVERSAL
martes 7 de diciembre de 2010 12:00 AM
Un grupo de ciudadanos conocidos por su ignorancia y sumisión, modificaron la ley (LOCTI) que le había dado algún oxígeno a los centros de investigación y a las empresas privadas. Esa ley hacía compulsorio dedicar un porcentaje de las ventas a la investigación, capacitación o modernización tecnológica de la empresa. Gracias a ella las empresas contrataban, de acuerdo a sus necesidades, a las universidades y otros núcleos de investigación. Éstos, a su vez, elevaban propuestas vinculadas al estado internacional del desarrollo tecnológico o de los avances científicos que fueran relevantes al desarrollo de nuestro país. Los que conocían sus necesidades y los que podían suplirlas, negociaban directamente. Eso funcionaba bien.
La modificación de la ley tiene como objetivo obligar, a empresas e instituciones con competencias en investigación y desarrollo tecnológico, a someterse al dictamen del Gobierno. Los recursos irán a las arcas centrales y allí deberán acudir los interesados con sus proyectos. Ya podrá el lector concluir que si éstos no se ajustan al credo socialista -o como lo quieran llamar- pues, simplemente, no serán aprobados.
Peor aún, nadie sabe de dónde sacarán las competencias necesarias para juzgar con acierto qué necesita cada empresa en materia tecnológica o la calidad de la propuesta generada por alguna universidad.
Esta ley, le daba oxígeno a la relación entre empresas y sector académico, relación que en los países desarrollados no sólo es natural, sino indispensable. Los países exportadores necesitan competir en los mercados internacionales y para ello ciencia y tecnología, como todo el mundo sabe o deduce, es algo vital.
Aun si no exportan, las empresas también deben competir en el mercado interno a través de productos novedosos, de calidad creciente o menor costo y para ello, ciencia y tecnología son importantes. De allí que, cuando se cuantifican los aportes para financiar la innovación, en muchos países los del sector privado superan a los correspondientes al Gobierno. Un ejemplo son las innovaciones que se han perpetuado en empresas que llevaron, o aún llevan el nombre de inventores: Boulton & Watt, Edison, John Deere, King Gillette, Westinghouse, Daimler, Lumiére o Siemens.
Obviamente todos en países desarrollados, con economía de mercado, emprendimiento, exportaciones diversificadas, inventiva, seguridad social, viviendas, grandes universidades y laboratorios, abundante empleo, elevado índice de desarrollo humano y valoración del conocimiento. Al asesinar a la LOCTI nuestro Gobierno es consistente en su esfuerzo para mantener a Venezuela en los últimos lugares de las clasificaciones sobre competitividad, inversión privada, libertad para hacer negocios, garantías sobre la propiedad privada. Cosas que marcan la diferencia entre el primer y el último mundo.
La capacidad de inventiva de nuestro Gobierno revolucionario es realmente extraordinaria, en efecto, cada día inventan algo para destruir al país
La modificación de la ley tiene como objetivo obligar, a empresas e instituciones con competencias en investigación y desarrollo tecnológico, a someterse al dictamen del Gobierno. Los recursos irán a las arcas centrales y allí deberán acudir los interesados con sus proyectos. Ya podrá el lector concluir que si éstos no se ajustan al credo socialista -o como lo quieran llamar- pues, simplemente, no serán aprobados.
Peor aún, nadie sabe de dónde sacarán las competencias necesarias para juzgar con acierto qué necesita cada empresa en materia tecnológica o la calidad de la propuesta generada por alguna universidad.
Esta ley, le daba oxígeno a la relación entre empresas y sector académico, relación que en los países desarrollados no sólo es natural, sino indispensable. Los países exportadores necesitan competir en los mercados internacionales y para ello ciencia y tecnología, como todo el mundo sabe o deduce, es algo vital.
Aun si no exportan, las empresas también deben competir en el mercado interno a través de productos novedosos, de calidad creciente o menor costo y para ello, ciencia y tecnología son importantes. De allí que, cuando se cuantifican los aportes para financiar la innovación, en muchos países los del sector privado superan a los correspondientes al Gobierno. Un ejemplo son las innovaciones que se han perpetuado en empresas que llevaron, o aún llevan el nombre de inventores: Boulton & Watt, Edison, John Deere, King Gillette, Westinghouse, Daimler, Lumiére o Siemens.
Obviamente todos en países desarrollados, con economía de mercado, emprendimiento, exportaciones diversificadas, inventiva, seguridad social, viviendas, grandes universidades y laboratorios, abundante empleo, elevado índice de desarrollo humano y valoración del conocimiento. Al asesinar a la LOCTI nuestro Gobierno es consistente en su esfuerzo para mantener a Venezuela en los últimos lugares de las clasificaciones sobre competitividad, inversión privada, libertad para hacer negocios, garantías sobre la propiedad privada. Cosas que marcan la diferencia entre el primer y el último mundo.
La capacidad de inventiva de nuestro Gobierno revolucionario es realmente extraordinaria, en efecto, cada día inventan algo para destruir al país
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