Señalan los expertos que lo peor está por venir ya que las medidas, punitivas, tomadas por el gobierno no serán efectivas. Una elevada proporción de la población no está adecuadamente informada sobre la gravedad de la crisis y sus consecuencias que van más allá del hogar y los servicios básicos que suelen dominar el pensamiento de los ciudadanos. También señalan algunos expertos que al no tomarse las medidas requeridas seis meses atrás, ya es tarde para compensar el déficit a través de plantas generadoras pequeñas o medianas.
Escasa ha sido también la atención prestada al sistema agroalimentario nacional. Venezuela es un país intensamente urbanizado (90% de la población) y en consecuencia la mayoría de los alimentos requiere pasar por una cadena de frío para garantizar que llegue al consumidor en buenas condiciones sanitarias (carnes, pescado y mariscos, leche, algunas frutas y vegetales). Más aún, son comunes y necesarias las presentaciones en congelado que incluyen alimentos procesados o semiprocesados. Esto requiere consumir energía eléctrica. También es necesario utilizar energía eléctrica para bombear agua en los campos de cultivo, ordeñar las vacas y enfriar la leche.
Además otra proporción importante de los alimentos solo pueden ser consumidos después de procesamiento industrial y estos incluyen a buena parte del llamado consumo masivo, vital para la población de menores recursos: harina precocida de maíz, arroz, azúcar, leche en polvo, pan y otros derivados de harina de trigo, aceite, pastas alimenticias, margarina, mayonesa, etc. Estos alimentos son procesados en fábricas a las que el gobierno les ha exigido, bajo amenazas de cierre o confiscación, mantener el más alto nivel de producción posible. Es decir, consumir energía eléctrica al máximo posible. Pero resulta que también les exigen reducir el consumo de electricidad y agua al “máximo posible”. Pero el gobierno, sin duda responsable por la crisis al no haber realizado las inversiones requeridas en materia de generación y distribución de electricidad, no contempla ningún tipo de subsidios o medidas extraordinarias para compensar a los productores, empresas procesadoras, transportistas o puntos de venta final de los alimentos. ¿Será que con más importaciones se subsanará el déficit en cantidad y calidad que afectará a los alimentos de origen nacional?
Ayer, al liberar algunos precios y ajustar otros en aproximadamente 30%, el gobierno comienza a reconocer, quizás ya muy tarde, que tanto los productores primarios como las agroindustrias se encontraban al borde de un colapso financiero como producto de la inflación y el control de precios. ¿Qué pueden hacer los productores y procesadores ante esta paradójica situación? ¿Aumentar su eficiencia instantáneamente? ¿Reducir costos disminuyendo la nómina? ¿Cerrar un día a la semana y abatir la producción entrando en una espiral descendente que conduce a la quiebra? Quién en su sano juicio puede pensar que esas cosas se pueden hacer en los próximos 30 a 60 días bajo las condiciones actuales en las que buena parte del esfuerzo y recursos se van en satisfacer la pesada carga de leyes y decretos que acorralan a productores, industriales y comerciantes y, además, sin un plan de medidas compensatorias que garantice la persistencia financiera de productores, procesadores y distribuidores.
Un factor crítico en la seguridad alimentaria es la provisión, por parte del gobierno, de la infraestructura básica de servicios: electricidad, gas, agua, vialidad, centros de acopio y las condiciones para que los integrantes de las cadenas agroalimentarias puedan actuar con eficiencia. Que comiencen las lluvias en mayo, como ocurre desde hace milenios, no resolverá la crisis. Hace falta una inversión enorme para garantizar los servicios esenciales.
El índice de desabastecimiento del BCV anda por el 14%, la inflación en alimentos sigue rampante, las dificultades para el acceso a las divisas persisten, el PIB se desplomó el trimestre pasado, así como la inversión. La deuda externa se encuentra en expansión y los derechos de propiedad son cada vez más frágiles. El gobierno parece pensar que la solución se encuentra en más medidas punitivas, más controles, multas y cierre de establecimientos. El sentido común señala que para evitar un colapso en la producción, para evitar un crecimiento del desempleo y el pago de una severa factura política en las próximas elecciones, el gobierno debería estar negociando con la industria, los productores primarios y la ciudadanía en general, los términos básicos de un acuerdo nacional.
Sin la participación, por la vía de la comprensión de la magnitud de la crisis eléctrica y del agua, así como con medidas económicas compensatorias y cambios urgentes en las políticas públicas, los venezolanos la pasarán muy mal y por mucho tiempo, porque lo requerido para normalizar el suministro de energía eléctrica no se resolverá en los próximos dos o tres años.
Pero este cambio pasa por admitir, públicamente, que el problema que vivimos no es el producto del calentamiento global, sino el haber ignorado el bien conocido ciclo de "El niño" y La niña" y las advertencias del centro de Guayaquil que estudia este fenómeno hace años e informa regularmente a los países que pueden ser afectados. Hace siete u ocho meses era conocido que tendríamos una sequía mayor a la usual. Más aún, éste "Niño" es realmente una criatura y menos intenso que los del pasado como el de 1992-1993. Esto quiere decir que la reducción de las lluvias no ha sido tan grande, pero enorme ha sido la imprevisión. En promedio las precipitaciones en el bloque central de América del Sur han aumentado 5% entre 1995 y 2005, mientras que en el extremo norte de Venezuela han tenido una pequeña atenuación, pero no se construyeron las represas para almacenar el agua requerida.
Foto: ¿Retorno al pasado?
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